LA NUEVA LEY DE ASOCIACIONES NOS COMPLICA LA VIDA
las Leyes de Asociaciones y de Subvenciones se han convertido en la bestia negra de las asociaciones, una Ley (la de Asociaciones) que pretendía ser el desarrollo del artículo 22 de la Constitución y que ha acabado por ser un corsé para todas las asociaciones, excepto para las de la iglesia. La Ley libera expresamente de su cumplimiento a las asociaciones de la Iglesia, (como Cáritas o Manos Unidas). De este modo, frente al resto de asociaciones, las de la Iglesia quedan liberadas de los requisitos que impone la ley, como la democracia interna y la rendición de cuentas. ¿Tampoco se verán obligadas a no discriminar a las mujeres o a las minorías étnicas para recibir ayudas del Estado?. La ley, en su artículo 1.3, incorpora una enmienda del PP que desató la principal crítica de los partidos de izquierda y su voto en contra. Dice literalmente: “...Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas...”.
El PP defendió esta exclusión, duramente criticada por IU y el PSOE, por el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979 que, por su carácter de Tratado Internacional, considera por encima de las leyes nacionales.
Tampoco establece que las cuotas no se puedan embargar, (como ocurre con los Sindicatos, ya que las cuotas de sus afiliados son inembargables por expresa disposición de la Ley Orgánica de Libertad Sindical), las Asociaciones responden con todos sus bienes presentes y futuros, quedando las cuotas de l@s asociad@s vinculas al cumplimiento de posibles responsabilidades; ni del patrimonio ligado al desempeño de actividades y al cumplimiento de fines de interés general, necesitados de una especial protección.
La Ley recoge la posibilidad de creación de Consejos Sectoriales de Asociaciones, aunque pensamos que esto se debería recoger en una Ley de Participación.
El artículo sobre “Relaciones con la Administración” después de hacer declaraciones sobre la importancia de fomentar el asociacionismo y de reglamentar la concesión de subvenciones públicas afirma en su apartado 5:
Los poderes públicos no facilitaran ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
¿Qué pasará con las asociaciones de mujeres? ¿Tendrán que permitir la entrada de hombres? ¿Y con las asociaciones de jóvenes deberán admitir personas de todas las edades?, o las de inmigrantes tendrán que admitir a autóctonos, o.....cuantos ejemplos se nos ocurran.
Otra perla de la Ley: para que una Federación pueda ser declarada de utilidad pública se exige que las asociaciones federadas también lo sean, lo cual es injusto y exagerado y una grave contradicción, porque obliga a las Federaciones a interferir en el funcionamiento interno de las Asociaciones.
Por otro lado la Ley establece que de la contabilidad se pueda obtener información sobre:
1. La imagen fiel del Patrimonio
2. El resultado económico
3. La situación financiera
4. Las actividades realizadas
5. El inventario de bienes
Todo esto supone una contabilidad por partida doble, que puede significar una grave dificultad para las Asociaciones más pequeñas y con menos recursos.
Esto, unido al tratamiento fiscal que nos hace la Ley de Subvenciones, tratando a las Asociaciones con las mismas obligaciones que una empresa, y la posible exigencia de aportación de fondos propios son elementos de discriminación, está dando lugar a que muchas Asociaciones se estén planteando cerrar sus puertas. Se debe valorar la aportación del capital humano y del tiempo libre que l@s voluntari@s le dedican a las Asociaciones. Desde el ámbito social y, específicamente, desde el vecinal se necesita una ley de subvenciones de mínimos, que permita que cada administración determine una ordenanza de subvenciones y unas bases específicas que se adecue a los posibles beneficiarios y que se desarrolle enteramente contando con la participación de los agentes sociales y de los posibles beneficiarios.
Si necesitábamos una ley, era la que planteara cómo promover el asociacionismo, cómo garantizar que las asociaciones que agrupan a muchas personas que tratan de mejorar la vida en nuestras ciudades, puedan tener apoyos públicos o privados más eficaces, sin necesidad de reconocimientos de utilidad pública y con importantes desgravaciones para las personas o empresas que cooperen con ellas. Que no tengamos que depender de la subvención y con posibilidades reales de autogestión; que el bar de la asociación no tenga el mismo tratamiento fiscal que el restaurante de la esquina...
La Ley establece que no es necesaria la autorización previa para ejercer el derecho de asociación. Es decir, que la inscripción en el registro tendrá efectos de publicidad ante terceros, pero no será necesaria para adquirir la personalidad jurídica de asociación. En consecuencia, la Administración carece de facultad material de legalización o reconocimiento de las asociaciones y su actividad debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que han de reunir las asociaciones, según la Ley.
